Posada: NI ABSUELTO NI PRESCRITO

Todas estas evidencias pesaban como rocas de granito en el expediente de Posada Carriles. Sabía que no tendría escapatoria cuando llegara la hora de la verdad frente al tribunal, a pesar de las irregularidades en la cárcel y las dilaciones del proceso.

En vísperas del pronunciamiento de la sentencia, el 8 de agosto de 1985, el terrorista se fugó de la Penitenciaría General de Venezuela, en San Juan de los Morros, localidad del Estado Guárico, donde había sido recluido después de dos frustados intentos anteriores de evasión de la cárcel.



Sus cómplices Freddy Lugo y Hernán Ricardo se presentaron a juicio el 21 de julio de 1986, tras una década de espera. Fueron declarados culpables por el delito de homicidio calificado y sentenciados a 20 años de cárcel. El juez rebajó la pena hasta su límite inferior "por haberse dado la circunstancia atenuante de tener ambos una conducta predelictual satisfactoria". Orlando Bosch fue absuelto. Según el juez, "no existen indicios probatorios que demuestren los cargos de autoría intelectual". Los fiscales ripostaron alegando las constantes reuniones con los autores materiales del hecho antes de la voladura, las llamadas de Ricardo a Bosch desde Barbados después del sabotaje, las confesiones de Hernán recogidas por la policía trinitaria.

La causa contra Posada quedó paralizada. Según el Código Penal venezolano aún vigente, no se puede proceder judicialmente sin la presencia del acusado. Al darse a la fuga, el terrorista se convirtió en un vulgar prófugo de la justicia y, en consecuencia, el tribunal ordenó librar el edicto correspondiente para su captura.

Nunca hubo absolución. Tampoco ha prescrito su causa, como malintencionadamente han sugerido sus abogados. Bajo la ley venezolana y también la norteamericana, un prófugo de la justicia no puede esquivar responsabilidades escapándose de la cárcel, sino todo lo contrario: el plazo para la prescripción de los cargos se para en seco al fugarse el acusado.

Las evidencias comprometedoras que descubrían periodistas e investigadores desde que se supo la noticia de la bomba en el avión cubano, siguen en pie, ahora agravadas por la fuga y la complicidad de quienes oponen toda suerte de obstáculos para evitar el cumplimiento de la ley. Lo que estamos viviendo ‑con nuevos matices criminales, silencios cómplices y vínculos soterrados con viejas prácticas de terrorismo de Estado- ratifica la necesidad de cerrar de una vez y por todas esta historia de horror, extraditando a este hombre a Venezuela que tiene la obligación de hacer cumplir la justicia. Como tanto se repite, la profunda inmoralidad que supone proteger a un terrorista es un crimen contra la criatura humana. Nada ni nadie podría absolver a un asesino de tan enorme responsabilidad.